El COITT/AEGITT participó en una reunión clave con los administradores de fincas y empresas instaladoras para avanzar en la ordenación de instalaciones y garantizar el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todos los hogares.

La necesidad urgente de ordenar las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios residenciales, especialmente en aquellos construidos antes de 1998, ha motivado una reunión estratégica entre los principales agentes del sector: el COITT, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y la patronal FENITEL, la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones. El objetivo: establecer procedimientos que faciliten una conectividad eficiente, sostenible y equitativa para todos los usuarios.

En representación del COITT participaron el decano Luis Miguel Chapinal, el secretario técnico Luis Aguado y Carlos Javier Herráiz, colegiado con amplia trayectoria en operadoras de telecomunicaciones. Por parte de los administradores de fincas asistió su presidente, Pablo Abascal, y en nombre de FENITEL, el consejero Juan Carlos Torralba.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de planificar y ordenar la instalación de redes y equipos, evitando el exceso de cableado en fachadas y promoviendo que las tecnologías más avanzadas lleguen a los hogares con agilidad. A pesar de la previsión de la Ley General de Telecomunicaciones de garantizar el acceso universal, las dificultades técnicas y burocráticas siguen impidiendo que muchos edificios dispongan de infraestructuras comunes adecuadas, especialmente los más antiguos.

En 2020, el Gobierno activó el Plan Único Edificios, unas ayudas dirigidas a sufragar el 100% de los costes de instalación de infraestructuras comunes en Comunidades de Propietarios. Sin embargo, la complejidad en su tramitación y los retrasos al trasladarse la gestión a la Comunidades Autónomas, han limitado su éxito, al reducirse el tiempo de ejecución.

Actualmente, se siguen produciendo desigualdades en el acceso a operadores. En algunas zonas, las comunidades solo pueden contratar a un proveedor, lo que limita su libertad de elección y acceso a tarifas más competitivas. Esta situación no solo impacta en la calidad del servicio, sino que contradice los principios de competencia defendidos por la CNMC.

La reunión puso sobre la mesa la necesidad de un acuerdo que respalde técnicamente la actualización de instalaciones en edificios anteriores a 1998 y para facilitar la entrada de múltiples operadores, promoviendo la competencia y garantizando la igualdad de oportunidades digitales para todos los ciudadanos y dotar, en los edificios que sea posible, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, facilitando y simplificando el acceso a los servicios.